Israel después del 7 de octubre: la investigación que el país necesita

Hay momentos en la historia de un país en los que investigar deja de ser una cuestión política y se convierte en una necesidad nacional. El 7 de octubre es uno de esos momentos. No solamente por la magnitud militar del desastre, ni únicamente por el número de muertos, secuestrados, soldados caídos y comunidades devastadas. También porque ese día rompió algo mucho más profundo: la sensación básica de seguridad sobre la que se construyó el Estado de Israel. Y cuando una sociedad atraviesa un trauma de esa dimensión, la pregunta ya no es si debe investigarse lo ocurrido, sino cómo hacerlo de manera que el resultado sea aceptado por la mayoría de la nación.

El problema es que precisamente ahí comienza la dificultad. Hoy Israel no discute solamente sobre una comisión de investigación. Discute sobre confianza. Confianza en las instituciones, en el sistema judicial, en el gobierno, en el ejército, en los medios e incluso en la propia idea de una narrativa nacional compartida. El debate actual alrededor de la comisión del 7 de octubre no nació en octubre de 2023. Viene de mucho antes. Viene, sobre todo, de la fractura interna que explotó durante las protestas de 2023 alrededor de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Durante meses, cientos de miles de israelíes salieron a las calles convencidos de que el país estaba entrando en una crisis constitucional. Otros cientos de miles, del lado opuesto, sentían exactamente lo contrario: que durante años una élite judicial y burocrática había acumulado un poder excesivo sin legitimidad democrática suficiente. El resultado fue una de las mayores divisiones internas de la historia israelí contemporánea. Y aunque el 7 de octubre obligó temporalmente a congelar parte de esa guerra política interna, nunca la hizo desaparecer.

Por eso el debate actual es tan explosivo. Una parte importante de la sociedad israelí exige una comisión estatal clásica, impulsada bajo el marco tradicional que históricamente investigó fracasos nacionales como la Guerra de Yom Kippur. Para muchos israelíes, solamente una comisión de ese tipo tendría independencia suficiente para investigar responsabilidades reales al más alto nivel político, militar y de inteligencia. Pero del otro lado existe un temor genuino —que no debe ser descartado automáticamente como propaganda— de que una comisión percibida como controlada o legitimada exclusivamente por el establishment judicial sea vista desde el comienzo como políticamente sesgada. Especialmente después de años de confrontación abierta entre sectores conservadores y el Tribunal Supremo. Al mismo tiempo, la alternativa impulsada por sectores del gobierno tampoco genera confianza nacional suficiente, precisamente porque muchos israelíes sienten que una comisión demasiado dependiente del Ejecutivo terminaría funcionando más como mecanismo de protección política que como búsqueda honesta de responsabilidades.

Y aquí está el punto central: Israel no puede permitirse una investigación cuyos resultados sean rechazados automáticamente por la mitad del país. Eso sería convertir la investigación del peor fracaso de seguridad de la historia israelí en otro capítulo más de la guerra cultural interna. El objetivo no puede ser simplemente producir un informe. El objetivo debe ser reconstruir legitimidad nacional. Porque el 7 de octubre no fue solamente un colapso operativo; fue también un colapso conceptual. Fallaron evaluaciones de inteligencia, doctrinas militares, percepciones estratégicas, mecanismos políticos y prioridades nacionales acumuladas durante años. Pretender que todo comenzó o terminó con un solo gobierno sería intelectualmente deshonesto. Pero también lo sería intentar diluir responsabilidades concretas bajo la excusa de que “todos fallaron”.

Israel necesita otra vía. Una comisión que no sea percibida ni como el brazo político de Bagatz ni como un mecanismo defensivo del gobierno. Una estructura que incorpore legitimidad transversal real. Eso implica, probablemente, un formato híbrido y excepcional: una comisión integrada por figuras aceptables para amplios sectores de la sociedad israelí, incluyendo exjueces respetados pero también expertos en seguridad, antiguos comandantes militares, académicos, representantes civiles e incluso voces asociadas a diferentes sensibilidades ideológicas del país. Personas cuya credibilidad no dependa únicamente de pertenecer a un campo político. El objetivo no debe ser fabricar una falsa neutralidad imposible, sino construir una investigación cuya integridad sea difícil de cuestionar incluso por quienes no compartan todas sus conclusiones.

Esa comisión debería además asumir algo fundamental: el 7 de octubre no puede analizarse únicamente como un evento táctico de unas pocas horas. Debe investigarse el deterioro estratégico acumulado durante años. La dependencia excesiva de conceptos tecnológicos de vigilancia. La percepción sobre Hamás. Las prioridades militares. Las tensiones internas que atravesaron al país en 2023. El impacto de la polarización sobre las reservas militares y sobre la cohesión nacional. Las decisiones políticas relacionadas con Gaza. La relación entre inteligencia y liderazgo político. Todo eso forma parte de la historia completa. Reducir el análisis a un único culpable sería tranquilizador políticamente, pero profundamente insuficiente históricamente.

Al mismo tiempo, cualquier investigación seria debe partir de una premisa clara: el principal responsable del 7 de octubre fue Hamás. Parece obvio decirlo, pero en medio de la polarización internacional muchas veces esa verdad elemental se diluye. El hecho de que Israel deba investigar sus propios errores no disminuye en absoluto la barbarie del ataque ni la responsabilidad directa de quienes lo ejecutaron. Precisamente una de las fortalezas históricas de Israel ha sido su capacidad de someterse a revisión interna incluso después de tragedias nacionales, sin renunciar por ello a la legitimidad de su defensa. Investigar no es debilidad. En muchos sentidos, es una expresión de fortaleza institucional y moral.

La verdadera pregunta es si Israel será capaz de hacerlo sin profundizar todavía más la fractura interna que ya venía creciendo antes de la guerra. Porque si la investigación termina siendo vista como una victoria de un bando sobre otro, entonces incluso las conclusiones más correctas perderán capacidad de reconstruir confianza. Y hoy, más que nunca, Israel necesita precisamente eso: reconstruir confianza. Entre ciudadanos. Entre instituciones. Entre sectores ideológicos que llevan años hablándose más como enemigos que como compatriotas.

El 7 de octubre dejó demasiados muertos, demasiadas familias destruidas y demasiadas preguntas abiertas como para permitir que la investigación termine convertida en otro frente de la guerra política israelí. El país necesita verdad. Pero necesita, sobre todo, una verdad capaz de ser escuchada por la mayoría de la nación.