Pena de muerte en Israel: una herramienta legítima, una ley equivocada

Israel vive bajo una amenaza terrorista constante, dirigida deliberadamente contra civiles y con una clara dimensión ideológica. En ese contexto, el uso de medidas penales severas forma parte del derecho básico de cualquier Estado a defenderse. Esto incluye, en casos extremos, la pena de muerte. No se trata de una innovación reciente ni de una ruptura con la tradición jurídica israelí: la pena capital ya existe en su legislación, aunque su aplicación ha sido excepcional y altamente restringida.

El debate, por tanto, no gira en torno a si Israel puede o no contemplar la pena de muerte para terroristas. El debate real es si esta ley concreta fortalece esa capacidad o la debilita. Y, al analizar su contenido, la conclusión es clara: la debilita.

El problema comienza en su propio diseño. La ley establece que la pena de muerte se aplicará principalmente a “residentes del área”, es decir, población de Cisjordania, mientras excluye explícitamente a ciudadanos y residentes de Israel. Aunque el texto no menciona ninguna etnia, el efecto práctico es evidente: se configura un sistema penal diferenciado según el estatus jurídico y territorial de la persona. Este punto ha sido señalado por organismos como el Israel Democracy Institute que advierten que la norma introduce una desigualdad difícil de justificar en un marco democrático.

Más allá del plano formal, esta diferenciación tiene implicaciones estratégicas. Israel no solo combate en el terreno militar. También opera en un entorno internacional donde la legitimidad es un activo clave. Una ley percibida como selectiva desplaza el foco del debate. La conversación deja de centrarse en el terrorismo y pasa a cuestionar la respuesta del Estado. Ese cambio de eje no es menor: afecta directamente a la capacidad de Israel de sostener apoyo internacional y de mantener margen de acción.

A esto se suma un segundo problema: la reducción de garantías procesales. La ley permite imponer la pena de muerte sin unanimidad judicial, sin necesidad de que la fiscalía la solicite y con fuertes limitaciones a la posibilidad de conmutación. En un sistema democrático consolidado, estas salvaguardas no son meros formalismos; son parte esencial del equilibrio entre poder punitivo y control institucional. Su debilitamiento introduce riesgos evidentes, especialmente cuando se trata de una pena irreversible.

Sin embargo, el elemento más llamativo es que la ley no se aplica a los terroristas responsables de la masacre del 7 de octubre. Su ámbito principal es Cisjordania, mientras que los ataques que reactivaron esta discusión provinieron de Gaza. Esta contradicción es difícil de justificar. La norma se presenta como una respuesta urgente y contundente, pero en la práctica deja fuera a los principales responsables, lo que la convierte en una medida poco coherente y difícil de tomar en serio.

Este punto refuerza la impresión de que la lógica detrás de la ley no es principalmente operativa, sino política. En esa misma línea deben leerse las imágenes del ministro Itamar Ben Gvir celebrando su aprobación con champagne en el parlamento. En un tema de esta gravedad, ese tipo de gestos proyecta una imagen de frivolidad que perjudica a Israel en el plano internacional y refuerza narrativas críticas. No está dirigido a mejorar la posición estratégica del país, sino a consolidar apoyo dentro de un electorado específico.

Por último, el propio diseño de la ley anticipa un alto riesgo de impugnación judicial. Sus posibles fricciones con principios fundamentales del derecho israelí (como la igualdad ante la ley, las garantías procesales y los estándares probatorios) la sitúan en una posición jurídicamente frágil frente al Tribunal Supremo.

En términos prácticos, esto significa que la norma podría ser restringida en su aplicación o incluso anulada. De ocurrir, no solo se limitaría su impacto real, sino que reforzaría la idea de que se trata de una medida con más valor simbólico que eficacia jurídica.

Israel tiene pleno derecho a defenderse con todos los instrumentos que considere necesarios, incluida la pena de muerte en casos extremos. Ese principio es sólido y legítimo. Y precisamente por eso las herramientas legales deben estar diseñadas con rigor, coherencia y visión estratégica.

Esta ley no cumple con esos criterios.